La primera reunión de los vecinos afectados con el entonces Concejal de Urbanismo Jesús García se produce el día 22 de Septiembre del 2004 (sin la presencia de cualquier otro representante municipal). No obstante la reunión no pudo ser más descorazonadora para los vecinos desesperados y muy afectados por la nueva situación. El Concejal niega que las casas estén afectadas por cualquier derribo a pesar de que en la Memoria del Plan Parcial aparece una relación en la p. 4 y repetida en la p.11 de los vecinos afectados cuyas propiedades catastrales están afectadas y en la p. 77 de la misma un Anexo con el Valor de indemnizaciones por derribos de edificaciones (valorando las edificaciones según catastro). Tampoco esta afirmación se corresponde con los Planos de Ordenación que incluye dicha Memoria donde se ve claramente como los viales afectan a las viviendas y como la mayor parte de las 14 propiedades a tenor de la nueva zonificación quedan en terrenos industriales, espacios libres y equipamientos, de hecho únicamente una vivienda de las 14 según los planos estaría situada en una zona residencial y no sería afectada por los viales, cesiones o el uso industrial. En concreto, en la Memoria p. 17 se establece que “Se ha procurado mantener una ordenación compatible en lo posible con la estructura parcelaria, para con ello permitir en la U.A. 2 mantener las edificaciones de usos industriales y compatibles existentes, en situación de ordenación, para con ello evitar onerosas indemnizaciones”, a los vecinos se deja la remota posibilidad de conservar “alguna de las edificaciones” punto difícil por el derribo de casas por ampliación de viales y por la existencia de una mínima parcela residencial, aparte de la necesidad de terrenos para compensar, de reparcelaciones, vecinos que no van a llegar a la parcela mínima y cesiones. En declaraciones después de la reunión, el citado concejal expresa su sorpresa ante la desinformación pero acusa de la misma a la Asociación Vecinal Ara del Dobra, nunca acepta que desde el Ayuntamiento se hubiese fomentado la desinformación y se continuase negando la realidad. Para el Concejal las viviendas “van a quedar como determinen sus propietarios, que son mayoritarios en el segundo sector del plan” y lo único que prevé el Plan es la reordenación viaria y el desarrollo industrial en el entorno del concesionario de automóviles Ramón González y Hermanos (Alerta, 23 de septiembre de 2004).
Ante la falta de seguridad por parte del Ayuntamiento para las casas afectadas y las informaciones contradictorias en la reunión con el Concejal (desgraciadamente no poseemos registro de la misma cuando incluso afirmó ante los vecinos que las alegaciones había que enviarlas al promotor Terrenos Adarzo S.L.), los vecinos afectados junto con la Asociación Vecinal Ara del Dobra acordaron una serie de movilizaciones y presentar alegaciones, a la vez que se pedía al Ayuntamiento la suspensión del Plan Parcial (sobre todo su suspensión hasta que la revisión del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) fuese aprobado). Se sucedieron las asambleas informativas (alguna contó con el asesoramiento del arquitecto urbanista José Manuel Gallego) a cargo de la Asociación Vecinal, y diversas organizaciones y grupos políticos fueron prestando su apoyo. Los intentos por confundir a los vecinos son tales que en un periódico local (Pueblos de Julio 2005) el entonces Concejal de Urbanismo Jesús García mostró planos de desarrollo de la primera Unidad de Actuación que obraban en su poder como prueba de que las casas no estaban afectadas, lógicamente los 14 vecinos pertenecen a la segunda fase y no aparecen en el desarrollo de la primera.
En ese mismo medio de comunicación se escribe: “En ese sentido, el Concejal de Urbanismo, Jesús García, ha querido tranquilizar a los vecinos y ha asegurado que: “No tienen de qué preocuparse porque puedo asegurarles que sus casas no se van a tocar”. Según el Concejal, no hay nada más fiable que los propios documentos en letra y dibujo, de lo que se ha aprobado, “ en los que se puede ver como la zona de viviendas no se toca para nada” . García explica que la zona de Los Ochos tiene varias divisiones (...). Y la “B2”, que es una zona que actualmente está desocupada y que es la que se va a desarrollar. Así, García explica que el Plan Parcial que se ha aprobado recoge precisamente el desarrollo de ese sector únicamente”. A la memoria completa aprobada siempre se ha remitido los vecinos, por lo que estas declaraciones sólo son comprensibles como un intento deliberado de confundir a los afectados, tranquilizarlos falsamente mientras todavía pueden ejercer su derecho a alegar o llevar ante los tribunales esta decisión. En fin, la Alcaldía, en este caso en boca de su entonces Concejal de Urbanismo, favorece los intereses del promotor del Plan Parcial de los Ochos y cualquier otro interesado en su desarrollo.
En estas mismas declaraciones al periódico local Pueblos de Julio de 2005. El entonces concejal llega a afirmar cuestiones netamente ilegales en perjuicio siempre de los vecinos:
-““Si los vecinos quieren estar ahí siempre, ahí estarán, porque no existe ninguna posibilidad, ningún mecanismo de gestión urbanística, ningún mecanismo legal, que pueda permitir que eso se altere si no es por voluntad de ellos””- Prueba de la ocultación deliberada de información a los vecinos afectados, únicamente se trata la posibilidad de una Junta de Compensación sin tocar el posible y legal cambio de gestión (sistema de cooperación o expropiación), violando los principios de buena fé y confianza legítima.
-“Preguntando por la hipótesis de que alguien se hiciese con más del 50% del total, García dejó abierta la posibilidad de poder realizar otra segregación para que los vecinos no se viesen afectados”- Lo que contravendría la Memoria, el Plan de Etapas aprobado, el aprovechamiento establecido por el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), la Ley de Cantabria que establece que un Plan Parcial tiene como objeto la regulación de todo un Sector (art 53) y finalmente el mismo PGOU.
-“Además, consideró “inviable” que alguien quisiera hacerse con todo ese terreno “con el gasto que supone costear, no sólo lo que vale el suelo, sino todas las viviendas construidas para luego tener sólo como aprovechamiento naves o pequeños equipamientos”, porque el coste que eso supone “sobrepasa con creces cualquier posibilidad de ventaja económica”- Si esto es cierto se priva deliberadamente, y con la complicidad de una entidad pública como es el Ayuntamiento de Torrelavega, a los vecinos afectados por la segunda fase del derecho a la distribución equitativa de beneficios y cargas contemplado en la Ley del Suelo de Cantabria (art 3.2). Además de cuestionar la división de dos Unidades de Actuación que establece la Memoria porque estas deben estar obligatoriamente equilibradas. No obstante en la Memoria de dicho Plan se incide en varias ocasiones sobre la viabilidad del plan, requisito indispensable al menos teóricamente para que fuese aprobado, equilibrando las indemnizaciones por derribo de las casas con el aprovechamiento de la fase (p.24), para no contravenir la Ley del Suelo que impide la limitación de unidades de actuación arbitrarias para favorecer una fase en perjuicio de otra ( Ley de Cantabria 2/ 2001, art. 122.2).
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